SECESIÓN
España interviene Cataluña y despide al gobierno regional
Barcelona
El gobierno de España intervino oficialmente Cataluña ayer sábado y destituyó sobre el papel al desafiante gobierno independentista en la región, al día siguiente de que legisladores autonómicos aprobaran una declaración de independencia en la próspera región nororiental española.
En un primer momento no había indicios de si los altos cargos del gobierno catalán pretendían obedecer la orden o se resistirían a su destitución, sumiendo la región en más inestabilidad al prolongar el pulso con las autoridades centrales.
Los poderes especiales entraron en vigor tras uno de los días más trascendentales en la historia reciente del país, en el que el Senado en Madrid activó una cláusula constitucional que nunca se había utilizado para detener la iniciativa secesionista del gobierno regional catalán.
La intervención española se hizo oficial con la publicación de la medida en el Boletín Oficial del Estado. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que sustituye al presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, como responsable de la región nororiental española, disolvió el parlamento catalán y convocó elecciones autonómicas para el 21 de diciembre.
Sin embargo, no estaba claro en absoluto que los nuevos comicios pudieran resolver los problemas de España con el independentismo catalán. Teniendo en cuenta el sistema de reparto de escaños, los sondeos sugieren que los partidos independentistas probablemente conservarían su ajustada mayoría en la cámara regional, aunque no obtendrían más del 50% de los votos.
Rajoy dijo que la declaración de independencia "no solo va contra la ley, sino que es un acto delictivo". Sus declaraciones fueron recibidas el viernes por la noche con abucheos y silbidos de desaprobación en Barcelona, la ciudad más importante de Cataluña, donde miles de personas se habían reunido para celebrar la declaración de independencia.
Puigdemont y los 12 miembros de su gobierno ya no recibirán sueldo y podrían ser acusados de usurpar funciones ajenas si se niegan a acatar la destitución.
En un primer momento se desconocía si el equipo de Puigdemont aceptaría las órdenes. El gabinete catalán se reunió el viernes pero no hizo comparecencias públicas ni otros comunicados después de que Rajoy anunciara la intervención. La fiscalía española señala que los altos cargos del gobierno catalán podrían ser acusados de rebelión a partir del lunes.
Al margen de cualquier posible rebelión del gobierno catalán, tampoco está claro cómo podrá ejercer Rajoy su control en los niveles inferiores de la gran administración autonómica. Cataluña ha obtenido competencias de autogobierno en campos como educación, salud y seguridad, en los años desde que se restauró la democracia en España a la muerte del dictador Francisco Franco en 1975.
Algunos de los aproximadamente 200.000 funcionarios han dicho que se negarán a obedecer órdenes de Madrid, arriesgándose a ser sancionados o incluso despedidos según los poderes especiales que el Senado concedió el viernes al gobierno central. La vicepresidenta de España, Soraya Sáenz de Santamaría, será la enviada de Rajoy para gestionar Cataluña hasta el 21 de diciembre, cuando se espera que los catalanes elijan un nuevo parlamento regional. Ella se coordinará con otros ministerios que asumirán labores de los departamentos autonómicos, como las finanzas y la seguridad, y nombrará personas para que apliquen las órdenes de Madrid.
En una de sus primeras medidas, el Ministerio español del Interior emitió una orden para destituir a Josep Lluis Trapero de su posición como responsable de la policía regional catalana, los Mossos d'Esquadra. Se le permitirá continuar como comisario.
Trapero se convirtió en una figura polémica a mediados de agosto como el rostro público de la repuesta policial a los ataques extremistas en Barcelona y alrededores. Fue elogiado por su eficacia, pero también criticado por problemas de coordinación con las fuerzas policiales nacionales. La Audiencia Nacional le está investigando dentro de una pesquisa de sedición relacionada con el ilegalizado referendo de independencia del 1 de octubre.
El superior de Trapero, el director de la policía regional Pere Soler, indicó en un comunicado que aceptaba su destitución por parte de las autoridades centrales.
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