Contralor reitera serán “muy
estrictos” con funcionarios que no depositen sus declaraciones juradas
La norma obliga a funcionarios a presentar una lista de su
patrimonio y el de la comunidad conyugal a su entrada y salida de sus
funciones.
“La Contraloría General está practicando desde ya esas
auditorías solicitadas por los nuevos alcaldes que han encontrado deudas",
dijo el contralor general de la República, Félix Santana García.
“La Contraloría General está practicando desde ya esas
auditorías solicitadas por los nuevos alcaldes que han encontrado deudas",
dijo el contralor general de la República, Félix Santana García.LEONEL
MATOS/LD.
SANTO DOMINGO, RD
12/06/2024 19:50 | Actualizado a 12/06/2024 19:50
El contralor general de la República, Félix Santana García,
advirtió este miércoles que las instituciones encargadas de velar por el
cumplimiento de la Ley 311-14 sobre Declaraciones Juradas de Patrimonio de los
Funcionarios y Servidores Públicos serán muy estrictas con los funcionarios que
violen ese procedimiento legal.
“Tanto la Dirección General de Ética e Integridad
Gubernamental que dirige la doctora Milagros Ortiz Bosch, así como la Cámara de
Cuentas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el consultor jurídico del
Palacio Nacional, la Contraloría General de la República y el Ministerio de
Administración Pública realizan acciones para que todos los funcionarios,
quédense o no se queden, sean trasladados o sean confirmados, presenten su
declaración jurada a partir del 16 de agosto”, expresó Santana García.
Se recuerda que el contralor general es miembro de la
Comisión para el Cumplimiento de Declaraciones Juradas de Patrimonio de los
Funcionarios y Servidores Públicos, creada por el presidente Luis Rodolfo
Abinader Corona, mediante el Decreto 343-22 del 6 de julio de 2022.
El decreto también ordena a la Contraloría General de la
República a no autorizar la inclusión en nómina pública de los funcionarios del
Poder Ejecutivo que no hayan cumplido con el requisito establecido en la Ley
311-14.
La comisión encargada de hacer cumplir el Decreto 343-22 la
preside la titular de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental,
Milagros Ortiz Bosch y tiene la atribución de recomendar al presidente de la
República la aplicación de las sanciones previstas en la ley contra los
funcionarios que violen la obligación de presentar declaraciones juradas de
patrimonio.
La norma obliga a funcionarios a presentar una lista de su
patrimonio y el de la comunidad conyugal a su entrada y salida de sus
funciones.
“Los funcionarios públicos obligados a declarar tienen que
presentar, dentro de los treinta días siguientes a su toma de posesión, la
declaración jurada de los bienes que constituyen su patrimonio y el de la
comunidad conyugal”, manda la Ley 311-14.
Lo mismo debe hacer el servidor público cuando es reelegido
para un nuevo período y cuando hayan cesado en sus funciones, en un plazo no
mayor de 30 días.
Aquellos servidores públicos que no presenten la declaración
de sus bienes incurren en faltas graves de tercer grado, sancionadas con la
destitución del cargo según la ley número 41-08, de Función Pública.
AUDITORÍAS
El funcionario también informó que actualmente están en
proceso 90 auditorías, de las cuales 20 serán publicadas en los próximos días.
“Estamos en un proceso continuo y sin desmayo en cuanto a
fiscalizar el buen uso de los recursos del Estado”, precisó Santana García.
Asimismo, destacó que los nuevos alcaldes y los salientes
han mostrado mucho interés para que se les practiquen auditorías a la gestión
que ellos tuvieron y los nuevos para recibir las finanzas de esos ayuntamientos
saneadas.
“Como Contraloría General de la Republica estamos
complaciendo las solicitudes de esos alcaldes, en ese sentido tenemos unas 15
auditorías que se están practicando en la actualidad”, enfatizó.
El contralor habló previo a participar en el lanzamiento del
programa fortalecimiento de las capacidades de persecución de los principales
hechos penales, con énfasis en la criminalidad organizada, la corrupción
administrativa y la violencia de género, auspiciado por la Suprema Corte de
Justicia.
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